Patricia Grogg
LA HABANA, 27 ene (IPS) - Una organización disidente calificó de "muy
desfavorable" la situación de los derechos humanos en Cuba, aunque
valoró de modo positivo que en los últimos 12 meses comenzó a descender
la cantidad de sancionados o procesados por "motivaciones políticas".
"A pesar de la excarcelación de varias decenas de presos políticos en el
segundo semestre de 2010, un hecho positivo en sí mismo", la situación
de los "derechos civiles, políticos, económicos y culturales" continúa
siendo "negativa", señala un informe de la Comisión Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN).
Esta organización actúa sin reconocimiento legal, pero es tolerada por
el gobierno cubano, que considera a los opositores "mercenarios a
sueldo" de la política hostil de Estados Unidos contra este país. En ese
sentido, La Habana suele ignorar este tipo de acusaciones, pues indican
que se inscriben en las campañas anticubanas orientadas desde Washington.
El documento de la CCDHRN, que encabeza Elizardo Sánchez, incluye un
listado de 105 personas sancionadas o bajo proceso judicial por
motivaciones políticas que se pudo "documentar". Las cifras incluidas en
informes similares fueron 201 en enero de 2010 y 167 en junio pasado.
Esta visible reducción se debió "fundamentalmente a la salida,
directamente desde las prisiones hacia el destierro en España, de 56
presos, 41 de ellos Prisioneros de Conciencia adoptados por Amnistía
Internacional, durante el segundo semestre de 2010. Las personas que
optaron por el destierro viajaron acompañados por 323 familiares en
total", detalló el texto.
La relación abarca 28 personas condenadas a severas penas, incluida la
prisión perpetua, por delitos de terrorismo y 14 por piratería
(relacionado con el tráfico de emigrantes), acompañada en algunos casos
de asesinato.
También incluye a los 11 presos del grupo de 75 cuya prometida
liberación continúa pendiente y ocho excarcelados bajo licencia
extrapenal que viven en Cuba.
Por gestiones de la Iglesia Católica, el gobierno de Raúl Castro accedió
a liberar a los 52 opositores que a mediados de 2010 aún permanecían en
prisión. Los 11 que todavía están en la cárcel se niegan a aceptar la
oferta oficial de abandonar el país luego de ser excarcelados, como
hicieron los restantes ex reclusos.
Todos pertenecen al grupo de 75 disidentes enjuiciados en los primeros
meses de 2003 bajo cargo de conspirar con Washington con fines
subversivos. Esa causa irritó particularmente a la Unión Europea (UE),
que reaccionó con una serie de medidas diplomáticas e interrumpió por
algunos años el proceso de acercamiento con Cuba que se había iniciado
por entonces.
En su evaluación, Sánchez se quejó de que en los lineamientos para el VI
Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), "no se dice una
sola palabra en cuanto a la necesidad de mejorar la situación de
derechos civiles, políticos, económicos y culturales de la ciudadanía,
lo cual supondría reformas modernizadoras en el sistema de leyes".
El gobierno informó al convocar a la cita del PCC que estará dedicada
exclusivamente a la actualización del modelo económico, cuyas
principales proyecciones se encuentran actualmente bajo debate popular,
a partir del llamado "Proyecto de lineamientos de la política económica
y social".
Sánchez comentó a IPS que hay muchos problemas sociales acumulados que
se pueden profundizar con medidas como la eliminación de subsidios
estatales y la reducción de las plantillas laborales, que "significa el
desempleo" de muchas personas. "En vez de avanzar, se está
retrocediendo, ese es el riesgo que vemos", aseguró.
Al abundar en el tema, el documento indica que la situación puede
generar tensiones y derivar en "un aumento de las expresiones de
descontento de los ciudadanos, a las cuales el régimen responderá con
represión pura y dura y, por lo tanto, a más violaciones de derechos
civiles, políticos, económicos y sociales".
Según el texto, la CDHRN dispone documentación sobre al menos 870
detenciones por motivos políticos en 2009 y 2.074 detenciones el año
pasado por iguales motivos.
"En la gran mayoría de los casos han sido detenciones arbitrarias por
algunas horas o varios días", aunque al menos 10 de los detenidos
permanecen en prisión a la espera de ser sometidos a juicio, indicó.
Para la organización disidente, "ningún gobierno tiene derecho a
permitir u ordenar detenciones arbitrarias que signifiquen arrebatar la
libertad a los ciudadanos ni siquiera por una hora y, mucho menos,
maltratarles físicamente o someterles a vejaciones inaceptables".
En breves declaraciones a IPS, Sánchez puso como ejemplo el arresto por
unas seis horas el miércoles del opositor Guillermo Fariñas, cuando
junto a una veintena de otras personas protagonizó una protesta pública
por el desalojo de una mujer embarazada y madre soltera de dos hijos que
había ocupado un apartamento vacío de Salud Pública.
El hecho ocurrió en la central ciudad de Santa Clara. Fariñas recibió en
2010 el premio Sájarov a la libertad de Conciencia que concede
anualmente el Parlamento Europeo. También del 24 de febrero al 8 de
julio pasado realizó una huelga de hambre para reclamar la excarcelación
de los presos con mayor deterioro de su salud.
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