Raúl Castro aún no recibe la lista de presos políticos cubanos
Agencias
La agencia AFP explora el tema de los prisioneros políticos cubanos y su 
reconocimiento en organismos internacionales.
Pocos asuntos pueden ser tan sensibles en Cuba como el de los 
prisioneros políticos. Para el gobierno es simple: no existen, pero una 
organización opositora lucha para lograr su reconocimiento.
Aún se recuerda a Raúl Castro visiblemente molesto cuando desafió a un 
periodista que lo interrogó sobre el tema, durante una inusual 
conferencia de prensa junto al presidente Barack Obama en marzo en La 
Habana.
"¡Dame la lista!", interpeló Castro a su interlocutor. Hubo silencio. El 
mandatario quiso demostrar así que no había prisioneros políticos en la 
isla comunista.
Al opositor Elizardo Sánchez, quien pasó más de ocho años en las 
cárceles cubanas, le hubiese gustado enviarle la lista que actualiza 
anualmente. Sin embargo, sus intentos no prosperaron.
Su organización, la Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDH), lleva la 
cuenta de los que considera presos políticos en un país donde los 
juicios suelen ser reservados.
Según el más reciente censo de la comisión, que funciona de manera 
ilegal pero tolerada, hay 93 detenidos "por motivos políticos o 
procesados y condenados en relación con procedimientos de motivación 
política".
Sánchez los discrimina así: 51 presos de conciencia, 31 acusados de 
delitos contra el Estado y 11 detenidos de la llamada primavera negra de 
2003, que ahora están en libertad condicional.
Los críticos cuestionan que una lista de prisioneros políticos incluya 
por igual a activistas pacíficos, excarcelados o a condenados por 
espionaje o terrorismo.
Incluso forman parte de ella cubanos que quisieron salir del país 
secuestrando aviones o barcos.
"Nosotros incluimos a prisioneros condenados por delitos contra el 
Estado, que es un delito político", replica Sánchez. Además, "en la 
cárcel, la vida de ellos es mucho más difícil que para los otros" 
prisioneros, alega en entrevista con la AFP.
Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Human 
Rights Watch no avalan el listado de Sánchez, porque Cuba no les 
autoriza el ingreso a la isla.
"Cuando Amnistía Internacional no reconoce a los prisioneros de 
conciencia (...), es simplemente porque no tenemos los medios para 
verificar toda la información", explica a la AFP Louise Tillotson, de la 
oficina de Amnistía para las Américas.
Lo mismo ocurre con muchos gobiernos extranjeros, que son rápidos en 
denunciar la represión en Cuba, pero nunca se atreven a dar cifras de 
prisioneros.
A finales de 2014, Cuba dejó en libertad a 53 detenidos a quienes 
Washington llamó abiertamente prisioneros políticos. Su liberación se 
produjo como parte del acercamiento histórico iniciado entre los dos países.
Con frecuencia, Sánchez propone a las grandes organizaciones de DDHH que 
reconozcan el carácter político de algunos casos, pero el proceso de 
validación puede ser muy lento.
"A veces proponemos un nombre, y un año después nos dicen que fue 
validado, pero nosotros decimos: ya salió (de la cárcel) la semana 
pasada", afirma.
En Cuba son pocas las voces no oficiales o de oposición que intervienen 
en esta discusión. Una de ellas es la de Jorge Serpa, obispo de Pinar 
del Río (extremo oeste).
"Hay personas que han cometido delitos que son considerados contra el 
Estado, entonces, tengo que concluir que son por problemas políticos", 
afirma a la AFP el prelado, sin arriesgar tampoco cifras.
El obispo dirige la Pastoral Penitenciaria, un organismo independiente 
con acceso directo a las prisiones.
Para Michael Shifter, presidente del centro de pensamiento Diálogo 
Interamericano, con sede en Washington, la controversia no está 
exclusivamente en las cifras.
"Cuba tiene presos políticos, pero quizás no tantos como algunos 
pretenden. Dado que el nuevo método consiste en realizar detenciones de 
corta duración, se hace difícil establecer con exactitud el número de 
prisioneros políticos", afirma.
Cada domingo, las Damas de Blanco organizan caminatas de protesta que 
por lo común terminan con el arresto temporal de las manifestantes. 
Grupos afines al gobierno las rodean e insultan antes de que agentes del 
Estado las suban a la fuerza a sus vehículos.
Horas después son liberadas. "El tema de los prisioneros políticos se 
vuelve menos relevante cuando la táctica del Estado consiste en 
multiplicar los arrestos de corta duración", juzga Tillotson.
Una estrategia que ante todo busca "intimidar y hostigar" a los 
opositores, agrega.
En 2015, la CCDH registró 8.616 arrestos por motivos políticos, una 
cifra ligeramente inferior con respecto a 2014 (8.889). La mayoría se 
ajusta al nuevo patrón de "intimidación" que denuncian los analistas 
externos.
La lista por dentro
93 cubanos aparecen en la lista por acciones muy disímiles. Desde el 
condenado a cadena perpetua por intentar secuestrar un avión y huir a 
Estados Unidos hasta el activista que reparte volantes 
antigubernamentales aparecen en la lista, que actualiza periódicamente 
la Comisión Cubana de Derechos Humanos (CCDH).
También se menciona a beneficiarios de libertad condicional. Quizá por 
ser el único recuento de detenidos por motivaciones políticas, según la 
CCDH, está en el centro de la controversia.
Las autoridades desmienten que haya presos políticos, la Iglesia 
católica dice que sí existen y ONG internacionales no avalan el listado 
de la organización cubana, porque no tiene cómo corroborar esa 
información de forma directa, ya que Cuba no les permite su ingreso.
Bajo control del Estado, los medios no suelen cubrir los juicios que en 
su mayoría se llevan a cabo a puerta cerrada, y en los que generalmente 
intervienen abogados de oficio.
La lista de la CCDH incluye a 27 condenados en juicios militares o 
civiles por "haber recurrido a las armas u otras formas de violencia".
De ese total, 12 purgan cadena perpetua por amotinamiento, tentativa de 
infiltración apoyada desde el extranjero o tentativa de desvío de barcos 
o aviones.
Además, hay cuatro condenados por "delitos contra el Estado", entre 
ellos el exdiplomático Miguel Álvarez, quien desde 2012 purga 25 años de 
cárcel.
Igualmente figura el oficial de inteligencia Claro Fernando Alonso 
Hernández, condenado a 30 años en 1996 por revelar secretos de la 
seguridad del Estado.
La CCDH justifica la inclusión de estos 31 prisioneros por considerar 
"desproporcionadas" sus condenadas y motivadas por razones políticas.
Once opositores detenidos durante la llamada primavera negra de 2003 
-una ola de represión que se extendió por toda Cuba- también figuran en 
la lista.
Los 11 fueron condenados a penas de entre 18 y 25 años de cárcel, pero 
fueron excarcelados por quebrantos de salud o acuerdos Iglesia-Estado.
En este grupo figuran, entre otros, Martha Beatriz Roque (70 años), José 
Daniel Ferrer (46), Ángel Moya (51) y Héctor Maseda (73).
La CCDH defiende su inclusión alegando la amenaza permanente que 
enfrentan de ser devueltos a la cárcel.
Hasta 2012 Cuba tenía una población carcelaria de 57.000 personas, según 
las últimas cifras disponibles. Sin embargo, la CCDH estima que los 
presos son entre 60.000 y 70.000, una cifra similar a la de Francia, que 
tiene seis veces el número de habitantes de la isla de 11,3 millones de 
habitantes.
Source: Raúl Castro aún no recibe la lista de presos políticos cubanos - 
http://www.martinoticias.com/a/raul-castro-aun-no-recibe-lista-presos-politicos-cubanos/123720.html
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