Thursday, March 31, 2011 | Por Lucas Garve
LA HABANA, Cuba, abril (www.cubanet.org) – Me visitó, y tenía muy
tristes sus ojos. Se llama Marta León y viene desde la zona oriental de
Cuba, a La Habana, a ver a su hijo, preso en el Combinado del Este.
Aunque apesadumbrada, se expresa con elocuencia, y no se cansa de pedir
por su hijo.
Pablo Montano León fue detenido en 2001, acusado de tráfico de drogas.
Condenado a 25 años, se declaró en huelga de hambre en febrero de este
año. Pide ahora que le concedan los beneficios que corresponden a su
caso, y lo pongan en otro régimen carcelario. La madre reclama que
revisen su causa, y si no hay pruebas, pide que se haga justicia.
"Él se declaró en huelga de hambre porque es la primera vez que está
preso, y le niegan los beneficios que le corresponden. Reclamó la
revisión de causa y no se la conceden, el recurso de casación nunca fue
presentado; todo lo de mi hijo ha sido así siempre. Esto es absurdo. En
la prisión Combinado del Este, las autoridades me dicen que sí, que le
corresponden los beneficios en junio, pero hace 3 años que le están
diciendo eso, y cuando llega junio se los suspenden por un año más".
"Pablo es casado con una rusa –dice la madre- que vive en Moscú con el
hijo de ambos. Estamos esperando a que lo pasen al régimen de campamento
para que mi nieto pueda venir, y no lo vea encerrado. Mi hijo no tiene
casa, ni cuenta bancaria, ni tenía droga, ni la había consumido, se
encontraba solo con su niño cuando lo detuvieron, porque la madre estaba
en Rusia. ¿Qué hicieron las autoridades? Llevarse a mi hijo preso y
dejar a un pequeño de 2 años, a merced de personas extrañas. Lo
entregaron a la presidenta del Comité de Defensa y el marido. Cuando
fui a la Plaza con un cartel, a reclamar justicia, me dijeron que mi
nieto no quedó sin amparo".
Según María, Seguridad del Estado hizo un seguimiento durante años y no
encontraron evidencia contra su hijo. "La abogada defensora pidió al
Tribunal que le diera la libertad, ya que no había pruebas. La fiscal
del caso preguntó al oficial instructor, Francisco Díaz Mendoza, que fue
el que acusó a Pablo, si había evidencias, y dijo que no, pero había que
condenarlo porque se trataba de un oficial de la policía política, y
aunque no le ocuparon nada, se sabía que él sí estaba en la droga. Por
eso es que reclamo la libertad de mi hijo" –concluyó María.
